El embargo de la ilusión emprendedora

Despierta, viva, ágil, Laura es una trabajadora incansable, emprendedora nata, dirige su negocio pensando siempre en el futuro. Nuevos proyectos, mejora de procesos, gestión más eficiente, visión de mercado…

En 2009 creó otra empresa con el fin de desarrollar un negocio complementario al suyo. Plan de viabilidad, constitución de una SL, estrategia comercial, todo listo, pero el proyecto quedó en suspenso por la llegada de la crisis. La visión prudente hizo que Laura decidiera en el último momento que el proyecto tendría que esperar para poder dedicarse de lleno a su negocio principal. 

Cursa la baja en la actividad de la empresa recién creada, cumple con las obligaciones fiscales por el tiempo que estuvo de alta y la deja “inactiva” a la espera del momento propicio para reanudarla.

Hasta ahora el entorno no le llama para reiniciar la andadura por lo que el nuevo negocio de Laura sigue detrás del telón de sus prioridades. Sin embargo, Hacienda sí se ha acordado de ella y, ahora, casi cuatro después,  ha enviado una carta certificada requiriendo los impuestos sobre sociedades de todos estos ejercicios pasados bajo amenaza de cursar de oficio la baja definitiva de la sociedad en el censo de empresarios y profesionales.

Ante esta circunstancia, Laura se informa y efectivamente, con la baja en la actividad  de la empresa finalizan las obligaciones fiscales, excepto la presentación, cada año, del impuesto sobre sociedades, aunque sea “a cero”.

Decidida a continuar con su proyecto cuando las circunstancias lo permitan, procede diligentemente a presentar el impuesto de los tres ejercicios requeridos, con las cuentas de resultados a cero. Aparentemente, todo resuelto.

Unas semanas más tarde llega la sorpresa. Tres notificaciones de inicio de procedimiento sancionador por cada uno de los tres ejercicios del impuesto sobre sociedades motivado por su presentación fuera de plazo. El importe, 150 euros cada una, total, 450 euros.

Perpleja, Laura se queda pensando en qué ha podido realizar para merecer 450 euros de multa, debe haber sido algo peor que una conducción temeraria por el centro de la ciudad, o más grave que amenazar de muerte a gritos y zarandeando al vecino que te quita el sitio para aparcar, o que mil infracciones que cada día vemos que quedan impunes ante la pasividad de las autoridades, sin embargo la falta que ha cometido ha sido ser emprendedora y no cumplir con la burocracia aún cuando no existe perjuicio para las arcas del Estado.

Y, ¿por qué no lo me han avisado antes?, -se pregunta-, podían haber notificado desde que finalizó el plazo para presentar la primera declaración, sin duda tienen medios para hacerlo, de este modo, sólo habría costado la sanción de un ejercicio.

Laura siente que han jugado con su ingenuidad y buena fe. Me advierten –dice- que si no presento las declaraciones, darán de baja la empresa, pero no me advierten de que si las presento llevará aparejada una sanción por este importe, hubiera salido más barato hacer caso omiso de la notificación y constituir una sociedad nueva.

Ante la indignación por lo injusto, Laura ha recurrido la sanción, aún a riesgo de perder la reducción por conformidad, argumentando, ni más ni menos, los motivos antes citados, buena fe, desproporcionalidad de la cuantía, diligencia en su actuación, etc.

Por fin, meses más tarde y cuando ya prensábamos que el asunto estaba perdido, se ha recibido la notificación de que el recurso ha sido estimado y por lo tanto el expediente sancionador archivado.

Finalmente, Laura no tendrá que pagar la multa pero, como tantos otros, se ha quedado pensando si realmente en este país merece la pena emprender un negocio.

Joaquín Puerta

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Barcelona. Sant Jordi 2014

Foto de cabecera:  Leregard de Marie